COLUMNA

Legisladores, Vergüenza Deberían Tener

Cuando los legisladores de un país aprueban el aumento de las penas a menores de edad como mecanismo disuasivo de la delincuencia estamos ante políticos incapaces de asumir sus responsabilidades con ética y coraje.

La aprobación la semana pasada por la Cámara de Diputados de un aumento de las penas máximas de 3 a 10 años de reclusión a menores que delinquen en edades entre 13 y 15 años, y de 5 a 15 para los de 16 a 18 años, es un acto de irresponsabilidad política, aunque lo aplauda la mayoría de la población, que con justa razón, se siente aterrada por la delincuencia.

Durante largo tiempo se ha debatido en muchas sociedades el papel de la pena en el combate a la criminalidad. Muchos han creído que al aumentar las penas, los delincuentes potenciales desistirán por miedo a una larga condena.

La evidencia científica es inconclusa porque nunca se ha podido aislar la magnitud de la pena de otras condiciones. Por ejemplo, la disminución de la delincuencia en Estados Unidos en la década de 1990, donde se ha cacareado que fue por más encarcelamientos y mayores penas, se produjo en medio de prosperidad económica, del uso de nuevas tecnologías de investigación policial y el envejecimiento de la población. Además, Estados Unidos es el país con más presos per cápita en el mundo.

Volviendo al caso dominicano y a los menores, es cierto que muchos niños y jóvenes, sobre todo de familias de bajos ingresos, están insertos en la delincuencia, fenómeno que se ha agudizado por el avance del narco y del micro-tráfico.

Pero independientemente de la capacidad que hayan desarrollado para delinquir, la investigación sicológica indica que los menores de edad tienen menor desarrollo cognitivo para establecer la relación entre acción y peligro. Por eso muchas veces los jóvenes incurren en acciones que a los adultos les parecen descabelladas o aberrantes.

Pensemos en estas preguntas: ¿tiene un niño dominicano de 14 años conocimiento del Código del Menor? ¿Es su predisposición racional discernir que si mata para robar le pondrán 10 años de cárcel en vez de tres? ¿Lo piensa cuando se involucra en una ganga criminal para obtener dinero y poder? Probablemente la respuesta a todas estas preguntas sea un no, y por eso, el argumento de que mayores penas a los menores será un disuasivo tiene un débil sustento.

Asumamos por un instante que los niños y jóvenes delincuentes tienen una racionalidad altamente desarrollada. Si así fuera, entonces pensarán que si caen presos encontrarán la forma de salir de la cárcel antes de cumplir la condena como hacen otros. Ahí tampoco actuaría como disuasivo la magnitud de la pena.

Si la cárcel se concibe como rehabilitación, no sólo castigo, ¿cuánto tiempo se necesita para rehabilitar un menor de edad: un año, tres, cinco o diez? Y si el objetivo no es rehabilitación, ¿qué hará la sociedad dominicana con esos niños y jóvenes cuando salgan de la cárcel?

Antes de enviar muchos niños y jóvenes presos por muchos años por sus actos delictivos, que sin duda son nocivos, deberían primero ir presos los adultos responsables de no haber invertido lo suficiente en la educación pública para ofrecer oportunidades de desarrollo a la niñez y la juventud dominicana, los responsables del auge del narco y del micro-tráfico, y los responsables de no haber forjado una economía con más y mejores empleos.

Vergüenza deberían tener los legisladores de establecer mayores condenas a menores, en vez de legislar para mejorar las condiciones de vida en la sociedad dominicana. Atención congresistas: la fiebre no está en la sábana